Que en España tenemos un problema de encaje de las diferentes plurinacionalidades que la componen es un hecho evidente y sobre el cual muchas generaciones han topado sin saber encontrar una salida razonable que complazca a todos, pero este artículo no pretende dar lecciones a nadie sobre las razones políticas de tales desencuentros, sino ilustrar con un relato cuotidiano hechos que pueden explicar el porqué de estas realidades.
El Consejo de Procuradors de Catalunya y el Colegio de Procuradores de Barcelona impulsaron un estudio que fue llevado a cabo por la Universidad de Barcelona y la Cámara de Comercio, que calculó el impacto negativo que para la economía en general provoca una ejecución de sentencias tan lento como el que tenemos en nuestro país. Dicho estudio, totalmente innovador no sólo en España sino incluso para toda la Unión Europea, encontraba la fórmula de cálculo del perjuicio que la demora en la tramitación de los procesos judiciales ocasionaba al sistema económico, hasta el punto de concretar como podría afectar la mejora en términos del PIB y de altas en contratación laboral.
Hace un año celebramos en Barcelona un congreso para presentar dicho estudio y sobre el cual tuvieron la oportunidad de debatir sus conclusiones diferentes catedráticos, economistas, jueces, letrados de la administración y abogados. Solo hace falta acudir a las hemerotecas para constatar que aquel congreso cumplió ampliamente con las expectativas generadas.
La semilla quedó plantada, el proyecto presentado y solo hacía falta creer en él para difundir la situación y reivindicar las soluciones. Desde Catalunya destapamos el problema y cuantificamos sus consecuencias, pero todos éramos conscientes que para poder avanzar y para que todo ello cuajara en futuros proyectos de Ley, hacía falta explicar y proyectar nuestro estudio a la realidad judicial de toda España. Hacía falta, en definitiva, que nuestro Consejo General de Procuradores de España cogiera nuestro relevo y cubriera el último tramo de la carrera.
El estudio de la UB y la Cámara de Comercio estaba hecho y, al margen de que los resultados estuvieran centrados en el análisis de los datos extraídos de procesos judiciales tramitados en Catalunya, lo más difícil ya estaba hecho: la obtención de la fórmula estadística capaz de comparar las consecuencias negativas de un retraso excesivo en la gestión judicial. Por consiguiente, para poder extrapolar a toda España el análisis hecho en Catalunya, lo más fácil y consecuente hubiera sido contratar a las mismas personas que llevaron a cabo aquel estudio pionero, contratar en definitiva a los padres creadores de aquella fórmula de cálculo, y una vez recabados los datos necesarios sobre procesos tramitados en los juzgados del resto de España, poder extraer el resultado global del perjuicio que le supone para la economía española una tramitación excesivamente lenta de los procesos judiciales.
Pues bien, la historia acaba como acaban tantos desencuentros políticos que tanto afectan a nuestro quehacer diario: nuestro Consejo General, lejos de actuar con sentido común y adoptar como propio aquello que hicimos en Cataluña, ha decidido empezar de nuevo y contratar una nueva empresa para que empiece desde cero un nuevo estudio, ignorando por completo aquello que hicimos desde aquí con voluntad inequívoca para que sirviera para todos.
Una vez más la frustración aparece y el desencuentro se mantiene vivo.
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PD: este articulo lo elaboré a finales de abril de 2019 con la intención de llamar la atención al nuevo desencuentro que en aquellos momentos vivíamos desde el Colegio de Procuradores de Barcelona y Consell con nuestro Consejo General, pero a petición de nuestro Decano, que mantenía todavía las esperanzas en hacer razonar al Consejo para que cambiaran de actitud, finalmente desistí de su publicación en un periódico de ámbito nacional…
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